Salen a la calle Alejandro Rodríguez y Patricio Gallardo

Los ex prisioneros políticos lautarinos Alejandro Rodríguez Escobar y Patricio Gallardo Trujillo -que permanecían encarcelados desde el 30 de agosto de 2010-, fueron finalmente liberados por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago este viernes 7 de octubre, tras 13 meses y una semana de injusta prisión.

El pasado 27 de septiembre, el 11º Juzgado de Garantía acogió la solicitud de la defensa de los imputados otorgándoles la libertad, pero la Corte de Apelaciones decidió revocarla, medida que sólo duró poco más de una semana ante los insostenibles “antecedentes” que la Fiscalía insistía en presentar como “pruebas”.

Alejandro Rodríguez y Patricio Gallardo permanecieron en prisión en el Centro de Detención Penitenciaria Santiago Uno, en el Módulo de Máxima Seguridad, en condiciones humillantes. A fines de diciembre de 2010 iniciaron una huelga de hambre líquida que mantuvieron durante un mes, denunciando la ilegalidad de su prisión, la violación a las normas del debido proceso y de sus derechos. Los medios de comunicación oficiales los exhibieron como “peligrosos terroristas”, “asaltantes” e incluso intentaron vincularlos al mal llamado “caso bombas”.

Durante el proceso de investigación -que inicialmente se fijó en 90 días- el Cuarto Juzgado de Garantía les concedió la libertad en varias oportunidades, criticando las “pruebas” aportadas por el Ministerio Público. El juez Jorge Norambuena incluso llegó a señalar que los “reconocimientos fotográficos y la rueda de detenidos eran completamente ilegales”, agregando que “anteriores condenas -de 1999 y 2000- no serían consideradas como antecedentes de mala conducta por su Juzgado, porque fueron dictadas por tribunales militares que no respetaron las garantías de un Estado democrático de derecho”. Dicho juez invocó convenios internacionales suscritos por Chile, estimando como “insuficientes e ilegales” las “pruebas” de la Fiscalía. A pesar que el Ministerio Público conocía la ilegalidad de las “pruebas” rendidas y lo absurdo de las imputaciones, persistió en inculparlos durante 13 meses. Ahora que han quedado en libertad, ¿qué autoridades se harán cargo por haber mantenido en prisión a personas completamente inocentes?

La Fiscalía Sur terminó desistiéndose de la “acusación”. Lo propio hará la Fiscalía Oriente, este 12 de octubre, en una nueva audiencia con ambos “imputados” en libertad. Es legítimo preguntarse si las Fiscalías, el Ministerio Público y el gobierno -a través de sus organismos policiales- seguirán acusando a inocentes, manteniéndolos en prisión durante meses o años. ¿Seguirán instalando “montajes” después de estos bochornosos “procesos” e “investigaciones” que finalmente quedan en nada?

Se invoca la Ley Antiterrorista -aprobada por el dictador Augusto Pinochet en 1984-, se acusa a inocentes de “asaltos” y “colocación de artefactos explosivos”, se encarcela a líderes de comunidades mapuches, para no hablar de la constante represión y criminalización de que son objeto… Muchos sectores y personalidades han denunciado estos casos y el de los mapuches como “aberrantes montajes policiales, jurídicos, políticos y mediáticos”. Lamentablemente, todo indica que seguirán acusando a inocentes, encarcelándonos durante meses o años para, después, simplemente no dar la cara y esconder la mano… ¿Seguirán condenando a inocentes incluso violando la ley, las recomendaciones y convenciones internacionales firmadas por el Estado que ellos mismos defienden? ¿Seguiremos viviendo y padeciendo esta suerte de “fascismo judicial”?

“Soy un rehén del capitalismo, secuestrado por el Estado, privado de libertad… Espero lograr la absolución de todos los cargos que se me imputan… La Fiscalía no cuenta con ninguna prueba material que me relacione con algún ilícito. Mi defensa ha podido acreditar, con pruebas, documentos y diversos testigos, mi completa inocencia, echando por tierra las presunciones en mi contra y constatando los vicios y la mala calidad investigativa por parte de la Fiscalía y la PDI, que sólo se han aferrado de mi pasado político militante para mantenerme encarcelado. Estoy prisionero y criminalizado por actos cometidos hace más de 18 años atrás, y por los cuales cumplí casi 12 años de prisión efectiva y permanente, además de 6 años de libertad condicional”, señaló Alejandro Rodríguez cuando cumplió un año en prisión .“Mi caso, al igual que el de varios compañeros que tienen un pasado político, es una persecución, en la que buscan a través de nuestro pasado dar un peso político al mal llamado ‘caso bombas’. Pero, al paso del tiempo, queda cada vez más al descubierto como un montaje político, judicial y mediático que sólo busca nuestra criminalización”, agregó.

Su abogado, Jaime Madariaga de la Barra, en una entrevista, afirmó: “Lamentablemente, en Chile, esto de que el Ministerio Público debe actuar con igual celo para probar tanto la inocencia como la culpabilidad del imputado durante todo el período de investigación, no es más que poesía… Lo cierto es que la objetividad en la realidad judicial chilena no existe. Y menos con personas con una pasado político de lucha social o de personas mapuche o de quienes participan de la protesta social, entre otros”. Y señaló enfático: “No tengo duda de que Alejandro Rodríguez debe ser absuelto”.

A pesar que el plazo inicial de investigación en esta causa fue fijado en noventa días, lo único que hicieron las Fiscalías y el Ministerio Público fue dilatar la “investigación” para, finalmente, desistirse de sus aberrantes y absurdas acusaciones… En una declaración prestada ante la propia Fiscalía, este 9 de septiembre, uno de los supuestos “testigos” que “reconocía” a Alejandro y Patricio como “asaltantes”, afirmó: “Fui inducido por la policía para reconocerlos…”. A confesión de parte, relevo de pruebas. Nos preguntamos: ¿Alguien se hará responsable de la actuación de las policías que significó la injusta prisión -por más de un año- de ex prisioneros políticos completamente inocentes? ¿Quién indemnizará a Alejandro, Patricio y sus familias, por todo el daño que sufrieron, por el tiempo que no pudieron trabajar, estudiar o abrazar a sus seres queridos?

“Este burdo montaje tiene que caer, no tienen más argumentos para mantener abierta la investigación. Nuestra detención, aquel 30 de agosto de 2010 fue un ardid, urdido siniestramente y que sólo buscaba amedrentar y criminalizar. Quisieron ligarnos al caso bombas, mediante la prensa burguesa… Dijeron que cometíamos “asaltos” para “financiar células anarquistas”; dijeron también que en mi domicilio había “explosivos”. ¿En qué quedó todo eso?”, afirmó Alejandro en su última declaración pública.

Sabemos que en esta suerte de Estado policial, las aberraciones policiales y los montajes jurídico-políticos continuarán.